LAS DECISIONES DE LA DIMAYOR NO SE AJUSTAN A DERECHO

La decisión de la Comisión Disciplinaria de la Dimayor de quitarle los 3 puntos del partido al Quindío, pero no adjudicárselos al Nacional, deja ver claramente que las decisiones de este órgano disciplinario no se toman conforme a derecho sino de manera absolutamente arbitraria y atendiendo únicamente a sus propios intereses.

Recordemos que el presente caso tiene como origen la demanda interpuesta por Atlético Nacional contra Deportes Quindío, la cual se sustentó en el hecho de una supuesta intervención de Fernando “El Pecoso” Castro en el partido disputado entre estos mismos equipos el pasado 20 de noviembre de 2011, cuando el DT del equipo de Armenia se encontraba suspendido para dirigir su equipo.

Por su parte, el Quindío, a quien le concedieron términos muy cortos para responder la demanda, entre otras cosas, argumentó en su contestación que no había lugar a la demanda interpuesta por el Nacional, toda vez que en el caso particular no había causal que permitiera la demanda. Esta argumentación fue sustentada en el artículo 179 del Código Disciplinario, el cual establece taxativamente cuales son la causales para poder interponer una demanda de parte, tal y como es el caso de la Demanda que interpuso Nacional.

En primera instancia, la demanda fue presentada por Atlético Nacional ante la Comisión Disciplinaria del Campeonato, lo cual significa que nos encontramos frente a una demanda de parte interpuesta por la parte afectada, en este caso el Nacional, y no frente a una investigación de oficio o por denuncia de un tercero, según lo dispone el propio artículo 176 del Código Disciplinario expedido por la Federación Colombiana de Fútbol, que es precisamente la norma que establece las diferencias entre estas posibilidades. Entonces, estando frente a una demanda de parte, se debían aplicar exclusivamente los artículos relativos a las demandas, como el 179, referente a causas de la demanda, 185, relativo al Fallo, y no otras disposiciones diferentes, como la sanción consagrada en el artículo 91 que no corresponde a demandas de parte.

El primer error dentro de toda la cadena de errores que se presentaron, fue por parte de los abogados de Nacional, pues dentro de la demanda presentada el equipo invocó erradamente el artículo 91 del Código Disciplinario Único que textualmente dispone que “Al miembro del cuerpo técnico y delegado, que estando suspendido intervenga de cualquier manera durante un partido, se le sancionará con el doble de la pena que antes le haya sido impuesta, y para su club conllevará sanción de pérdida de los puntos en disputa” (Tomado textualmente del Considerando 2 literal d de la Resolución 047 de La Comisión Disciplinaria del Campeonato). Disposición que no correspondía citar, pues la que verdaderamente aplicaba era el artículo 185, que es el que regula las sanciones o fallos para cuando prosperan demandas de parte, tal y como es el presente caso, y que si consagra la adjudicación de puntos al equipo perjudicado en caso que se profiera fallo favorable. Error craso de los abogados del Nacional que, como veremos más adelante, fue aprovechado, también equivocadamente, por la Comisión Disciplinaria de la Dimayor, para sustentar su decisión final.

El segundo gran error fue de la Comisión Disciplinaria del Campeonato, quien ante la premura de tomar una decisión al respecto, por lo que la fase inicial de la Liga Postobón se estaba acabando y estos puntos eran determinantes para ver que equipos se clasificaban, sumado a lo difícil que resulta para la Dimayor juzgar a un equipo propiedad del máximo patrocinador del fútbol profesional colombiano, la dio trámite a la demanda, cuando debió inadmitirla. Tras el estudio inicial del escrito de demanda en primera instancia, la Comisión Disciplinaria del Campeonato resolvió no acceder a las pretensiones del Nacional argumentando, entre otras cosas, que la causal invocada por el Nacional para interponer la demanda (artículo 179 literal C del Código Disciplinario) no se ajustaba al caso particular. Entonces, no se entiende porque si no había causal que justificara la demanda esta Comisión le dio trámite en vez de inadmitirla que era lo correcto. Posteriormente, cuando el Quindío alegó en su contestación que no existía causal que permitiera la interposición de la demanda, la comisión debió decretar la nulidad y así se hubiera terminado el proceso desde un principio y de una vez por todas, pero en ningún caso debió entrar a fallar de fondo sobre la misma, pues esto dio pie para todo el posterior problema.

Ante la decisión de primera instancia y la absurda e inexplicable oportunidad otorgada por la Comisión Disciplinaria del Campeonato, Nacional interpuso el Recurso de Reposición, (resuelve nuevamente el mismo órgano) y en subsidio el de Apelación (resuelve la Comisión Disciplinaria de la Dimayor), contra la Resolución 047 proferida por la Comisión Disciplinaria del Torneo que le era desfavorable. El recurso se sustentó, argumentando, entre otras cosas, ahora si de manera correcta e intentando subsanar el error cometido en la presentación del escrito de demanda original, que: “las causales invocadas por la Corporación Deportiva Atlético Nacional, están sustentadas y preceptuadas en el Art. 91 inciso 4 y Art. 95 literal C, inciso 14, y Art. 31, dando así cumplimiento a lo ordenado por el Art. 179 en su literal C, que dice CAUSALES DE DEMANDA. “actuación comprobada de un jugador, un miembro del cuerpo médico, del cuerpo técnico o de un delegado suspendido o inhabilitados.” (Tomado textualmente del Considerando 2 literal m de la Resolución 048 de la Comisión Disciplinaria del Torneo”.

Repitiendo el error inicial, la Comisión Disciplinaria del Campeonato confirmó su fallo y le pasó la papa caliente a la Comisión Disciplinaria de la Dimayor. Organismo que ahora tenía mayor presión para tomar una decisión final, puesto que si le entregaban en el escritorio los puntos al Nacional, esto significaba la desclasificación del América de Cali, quien se la había ganado a pulso, y con una alta dosis de suerte, en el terreno de juego.

De este modo y ante la gran presión ejercida por de los medios, los hinchas, el patrocinador y los equipos, la Comisión Disciplinaria de la Dimayor profirió un fallo a todas luces contra derecho. Veamos porque. En el Considerando 2 literal m de la Resolución 017 de este órgano, dice que el propio Nacional en su escrito de apelación manifestó: “Que la Corporación Deportiva Atlético Nacional en el escrito de su demanda no invocó ninguna de las causales previstas en el artículo 179 del Código Disciplinario Único”. Lo anterior suena a error, intencionado o no (no lo sabemos, ustedes juzguen), pues no tiene sentido que el propio Nacional reconozca voluntariamente que no había causal para interponer la demanda, ya que esto la dejaría sin sustento inmediatamente y con este simple afirmación cualquiera de las dos Comisiones Disciplinaria tendría que haber decretado la nulidad del proceso y su consecuente terminación inmediata sin lugar a fallo de fondo.

En esta misma Resolución definitiva, más adelante, en el considerando 5 literal a, que corresponde a las consideraciones propias de la Comisión Disciplinaria de la Dimayor, se manifiesta: “Que antes que nada conviene sobremanera dejar establecida cuál es la específica queja que movió al demandante para acudir ante los tribunales deportivos: el escrito de demanda señala sin ambages a ese respecto que el demandante denuncia la vulneración del artículo 91 del Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol. Y lo hace puntualmente por la previsión descrita en el inciso cuarto de dicha norma, sobre la base de considerar que la conducta observada por el técnico Fernando Castro, en desarrollo del partido de que da cuenta la investigación, constituye la intervención que censura y sanciona el artículo en cuestión”.

Finalmente y para rematar, esta Comisión concluye y sustenta su fallo bajo el argumento que la conducta que estaba en investigación era la del artículo 91 inciso 5 y no la del artículo 179 literal c, y por ende la sanción que corresponde es la del artículo 91 que contempla únicamente la pérdida de puntos para el infractor más no la adjudicación de los mismos para el perjudicado. ABSURDO. Esto es completamente contrario a derecho, pues si se produjo un fallo este debía sancionar conforme a lo dispuesto por la norma aplicable a las demandas de parte que es el artículo 185, el cual consagra la pérdida de los puntos para el equipo infractor y se los otorga al perjudicado. Lo anterior no quiere decir que en estricto derecho esta era la decisión a tomar, pues como hemos dicho, la demanda jamás debió siquiera llegar a fallarse.

Lo lógico y más simple era que se hubiera decretado la nulidad de la demanda por inexistencia de una causal de las contemplada taxativamente por la ley, y por consiguiente no se tendría que haber producido ningún fallo de fondo al respecto, y listo, problema resuelto. Sobre todo teniendo en cuenta que en cada una de las instancias que sorteó la demanda, la respectiva Comisión manifestó que no había causal para presentar la demanda, y así mismo lo expuso desde el comienzo el propio demandante y lo argumentó en su defensa la demandada. Entonces, como puede ser posible que existiendo tres oportunidad para enmendar un error, ambas comisiones no lo hayan hecho.

Ahora bien, como se aplicó una sanción al Deportes Quindío que no le era aplicable, puesto que no es la que corresponde a una demanda, y como no existe otro recurso en las instancias netamente deportivas, el Quindío está en todo su derecho de instaurar una Tutela en contra de la DIMAYOR por vía de la justicia ordinaria por haberse tomado una decisión desconociendo el derecho fundamental al debido proceso.

Si yo fuera el Quindío, no dudaría en acudir a este recurso para que se haga justicia y la Dimayor no tome decisiones a su antojo, pues no vaya a ser que esos 3 puntos la vayan a hacer falta para efectos del descenso.

Lo que resulta absolutamente claro de todo esto, es que la Dimayor no decide conforme a derecho, no respeta el principio del debido proceso, sino que toma decisiones según sus propios intereses y criterios, por lo cual a los clubes no les queda más camino que acudir a la justicia ordinaria para hacer vales sus derechos, pues la justicia deportiva no se los reconoce. Esto mismo aplica para el caso de doping de Viáfara del América de Cali.

Colaborador: Felipe Cárdenas Castro – Playlegal – 01 de Diciembre 2011

  • La negativa de las Asociaciones Nacionales y las Confederaciones a las sentencias emanadas de Tribunales Nacionales, una práctica en expansión.

    Como muchos de ustedes vienen observando día a día en el caso FC Sion-UEFA, disputa por la cual el Club Suizo ha acudido a los tribunales suizos para proteger sus derechos (violando expresamente el artículo 64 de los Estatutos de la FIFA el cual prohíbe a sus miembros acudir a los tribunales ordinarios), cada vez se suman más condimentos a este pleito.

    Acusaciones cruzadas, amenazas de denuncias penales por desacato, de desafiliación de competiciones, entre otras, están a la orden del día.
    Asimismo vemos que este caso ha traspasado las fronteras suizas y se está desparramando por todo el mundo. Es fácil vislumbrar la posición que los Miembros FIFA (Clubes, Federaciones Nacionales, Jugadores, etc.) están tomando cuando observan que sus derechos no son tutelados de forma correcta por la Fédération de Football Internationale Association. Cada vez son más las entidades o personas físicas que deciden acudir a los tribunales ordinarios de sus países para reclamar el cumplimiento de, lo que ellos consideran, es su propio derecho.

    Asimismo, podemos ver que no es patrimonio exclusivo de este Club suizo el reclamo mediante amparos a la justicia ordinaria de su país. En Argentina, un modesto club de la Provincia de Santa Fé (Club Atlético Colón de San Lorenzo) ha presentado un amparo ante la justicia local ordinaria para suspender la asamblea en la cual se realizaría la votación para elegir al próximo Presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), la cual preside el Sr. Julio Grondona desde 1979. El reclamo tuvo aceptación y la Jueza hizo lugar al pedido del Club.

    Colaborador Sportia: Mariano Bambaci – LLM International Sports Law

    Al margen del acuerdo o decisión judicial a la cual se llegue en estos casos, lo que no podemos dejar de vislumbrar es que cada vez más Miembros de la FIFA hacen caso omiso del artículo 64 de los Estatutos de la federación internacional para proteger sus prerrogativas ante tribunales ordinarios.

    Colaborador Sportia – Lic. Mariano Bambaci – LLM International Sports Law