Sportia Law (Publicación ABC, España – 31-03-14)

Sportia Law (Publicación ABC 31-03-14)

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Sportia Law (Publicación ABC 31-03-14)

The Real Sport Arbitration Experience: Entrevista a Rodrigo Arias Grillo y Alberto Ruiz de Aguiar.

Entrevista Iusport jpg

Lee la entrevista completa en el siguiente enlace:

ENTREVISTA-SPORTIA-LAW-2013

¡Aceptando últimas plazas para el Curso!

Curso Especializado en Derecho Internacional del Deporte – Costa Rica 2013

Presentación y Objetivos: 

“Nuestra motivación es compartir el conocimiento especializado.”

Presentamos la primera edición del Curso Especializado en Derecho Internacional del Deporte, una iniciativa docente y altamente profesional con miras al fortalecimiento de los conocimientos y destrezas en el derecho deportivo, así como para la capacitación y formación en las buenas prácticas de la gestión deportiva.

Nuestro objetivo principal es que los asistentes al Curso alcancen la máxima satisfacción de una enseñanza multidisciplinar, impartida por ponentes internacionales de reconocido prestigio y trayectoria profesional. Nuestra motivación es compartir el conocimiento especializado y ofrecer las herramientas adecuadas para un mejor conocimiento del deporte profesional costarricense.

Agradecemos la buena respuesta e interés por parte de los participantes ya inscritos en el Curso. Recordamos que el cupo es limitado y sea atenderá por orden de matrícula. 

¡Gracias a todos/as por el apoyo!

Coordinación Académica:
Alberto Ruiz de Aguiar Díaz-Obregón
Rodrigo Arias Grillo 

Curso.P1

Curso.P2

Curso.P3

Curso.P4

Curso.P5

 

Derecho deportivo: crisis financiera de los clubes y la terminación de contratos laborales de futbolistas profesionales.

DERECHO DEPORTIVO: CRISIS FINANCIERA DE LOS CLUBES Y LA TERMINACIÓN DE CONTRATOS LABORALES DE FUTBOLISTAS PROFESIONALES

No es una sorpresa la complicada situación económica que muchos clubes profesionales de fútbol están pasando. Esta crisis económica, trae consigo efectos negativos sobre todos los trabajadores del club, pero en este artículo quisiera enfocarme en los efectos que trae sobre la estabilidad de los contratos laborales de los jugadores profesionales.
Algunas administraciones de clubes, al encontrarse en aprietos económicos suelen, como primer recurso, prescindir de los servicios de algunos de sus jugadores profesionales, encontrándose estos últimos sorpresivamente sin trabajo. Obviamente no estamos hablando de jugadores profesionales de alto perfil, hablamos del jugador promedio que trata cada temporada de mantenerse en algún equipo como profesional.

Es interesante el tema puesto que tiene mucho sentido que un club, al igual que cualquier empresa que se encuentre en una crisis económica, deba tomar acciones que puedan llevar a una reducción de gastos, y entre estas acciones pueden darse recortes de personal.
En el 2009 se dio un caso donde dos futbolistas profesionales, Terje Reinertsen y Jukka Hakala, que pertenecían al Club Noruego Notodden fueron despedidos debido a la importante crisis económica que el club estaba pasando. Cabe resaltar que ambos jugadores tenían estipulado en su contrato una clausula de rescisión contractual que se activaría a voluntad del club, cuando este se encontrase en una crisis económica.
Los hechos alegados por el club para justificar el despido de estos dos jugadores fueron dos: a) que estos habían sido relegados a una división inferior y que esto traería como consecuencias menos ingresos y b) que su más importante patrocinador, el cual venia otorgando apoyo económico al club por mas de 7 años, redujo su apoyo sustancialmente. El club amparaba su derecho a terminar los contratos en lo dispuesto en las clausulas de rescisión, mencionado en el párrafo anterior, y en la Ley de Trabajo Noruego donde se le permite al empleador terminar un contrato de trabajo cuando el empleador se encuentra en una grave crisis económica.

A grandes rasgos el club parecería tener buenos alegatos para justificar el despido de estos dos jugadores, los cuales sorpresivamente en febrero del presente año, fueron desestimados por la Corte Suprema Noruega. El principal motivo de la Corte para desestimar los alegatos del club, fue que el club no podía hacer uso de la clausula de terminación del contrato si es que éste había llegado a una situación de crisis económica por sus propios actos. La Corte luego de revisar la documentación y pruebas presentadas por el club, determinó que la situación económica adversa de la institución, se debió a un mal manejo de sus finanzas. Caso contrario se hubiera dado si es que la crisis económica del club se hubiera dado por efectos externos a la misma, lo que hubiera llevado a la Corte resolver a favor del club. La Corte Suprema agregó que el club no presentó las suficientes pruebas para mostrar que estos habían realizado una revisión exhaustiva de las diversas acciones que podrían haber tomado antes de llegar a la terminación del contrato con estos jugadores, motivo por el cual consideraron que el club no tenía derecho a la terminación de éstos. Al parecer el tribunal Noruego le preocupó mucho que las altas ambiciones deportivas de un club pudieran tener más importancia que el contrato laboral de sus jugadores.

Un caso parecido está ocurriendo en Lima, Perú, donde uno de los equipos más grandes de ese país, el Club “Alianza Lima”, a través de su administración temporal, ha dado por terminado varios contratos de jugadores profesionales, culpando a la crisis económica en la que el club se encuentra. Inicialmente se anunciaron recortes salariales, lo cual provocó que alrededor de 17 jugadores dejaran la institución, a lo cual la administración del club respondió con la contratación de un nuevo grupo de profesionales para afrontar la segunda parte de la temporada.

En esta misma línea, debemos señalar que lo resuelto por la Corte Noruega y lo que podría aplicarse en el caso peruano, es lo señalado por la Teoría de los Actos Propios, en latin “venire contra factum proprium non valet”, la cual norma la inadmisibilidad de actuar contra los propios actos. En este caso constituye un límite al ejercicio de la facultad del club de hacer uso de la clausula de rescisión contractual como consecuencia de la mala gestión económica financiera del mismo lo cual está muy relacionado con el principio de la buena fe en los contratos jurídicos.

Para preocupación de algunos clubes y para consuelo de otros, podemos concluir que este tipo de clausula de rescisión contractual podrá ser utilizada por un club siempre y cuando éste haya llevado una administración económica-financiera de manera realista y responsable, encaminada a cumplir con sus obligaciones laborales a lo largo del tiempo y solo un factor externo e imprevisible que afecte la economía del club de manera importante permitiría el justo despido de un trabajador/jugador por esta vía.

Colaborador de Sportia Law:
Jorge Ugaz Poblete
Especialista en Derecho Deportivo

LAS DECISIONES DE LA DIMAYOR NO SE AJUSTAN A DERECHO

La decisión de la Comisión Disciplinaria de la Dimayor de quitarle los 3 puntos del partido al Quindío, pero no adjudicárselos al Nacional, deja ver claramente que las decisiones de este órgano disciplinario no se toman conforme a derecho sino de manera absolutamente arbitraria y atendiendo únicamente a sus propios intereses.

Recordemos que el presente caso tiene como origen la demanda interpuesta por Atlético Nacional contra Deportes Quindío, la cual se sustentó en el hecho de una supuesta intervención de Fernando “El Pecoso” Castro en el partido disputado entre estos mismos equipos el pasado 20 de noviembre de 2011, cuando el DT del equipo de Armenia se encontraba suspendido para dirigir su equipo.

Por su parte, el Quindío, a quien le concedieron términos muy cortos para responder la demanda, entre otras cosas, argumentó en su contestación que no había lugar a la demanda interpuesta por el Nacional, toda vez que en el caso particular no había causal que permitiera la demanda. Esta argumentación fue sustentada en el artículo 179 del Código Disciplinario, el cual establece taxativamente cuales son la causales para poder interponer una demanda de parte, tal y como es el caso de la Demanda que interpuso Nacional.

En primera instancia, la demanda fue presentada por Atlético Nacional ante la Comisión Disciplinaria del Campeonato, lo cual significa que nos encontramos frente a una demanda de parte interpuesta por la parte afectada, en este caso el Nacional, y no frente a una investigación de oficio o por denuncia de un tercero, según lo dispone el propio artículo 176 del Código Disciplinario expedido por la Federación Colombiana de Fútbol, que es precisamente la norma que establece las diferencias entre estas posibilidades. Entonces, estando frente a una demanda de parte, se debían aplicar exclusivamente los artículos relativos a las demandas, como el 179, referente a causas de la demanda, 185, relativo al Fallo, y no otras disposiciones diferentes, como la sanción consagrada en el artículo 91 que no corresponde a demandas de parte.

El primer error dentro de toda la cadena de errores que se presentaron, fue por parte de los abogados de Nacional, pues dentro de la demanda presentada el equipo invocó erradamente el artículo 91 del Código Disciplinario Único que textualmente dispone que “Al miembro del cuerpo técnico y delegado, que estando suspendido intervenga de cualquier manera durante un partido, se le sancionará con el doble de la pena que antes le haya sido impuesta, y para su club conllevará sanción de pérdida de los puntos en disputa” (Tomado textualmente del Considerando 2 literal d de la Resolución 047 de La Comisión Disciplinaria del Campeonato). Disposición que no correspondía citar, pues la que verdaderamente aplicaba era el artículo 185, que es el que regula las sanciones o fallos para cuando prosperan demandas de parte, tal y como es el presente caso, y que si consagra la adjudicación de puntos al equipo perjudicado en caso que se profiera fallo favorable. Error craso de los abogados del Nacional que, como veremos más adelante, fue aprovechado, también equivocadamente, por la Comisión Disciplinaria de la Dimayor, para sustentar su decisión final.

El segundo gran error fue de la Comisión Disciplinaria del Campeonato, quien ante la premura de tomar una decisión al respecto, por lo que la fase inicial de la Liga Postobón se estaba acabando y estos puntos eran determinantes para ver que equipos se clasificaban, sumado a lo difícil que resulta para la Dimayor juzgar a un equipo propiedad del máximo patrocinador del fútbol profesional colombiano, la dio trámite a la demanda, cuando debió inadmitirla. Tras el estudio inicial del escrito de demanda en primera instancia, la Comisión Disciplinaria del Campeonato resolvió no acceder a las pretensiones del Nacional argumentando, entre otras cosas, que la causal invocada por el Nacional para interponer la demanda (artículo 179 literal C del Código Disciplinario) no se ajustaba al caso particular. Entonces, no se entiende porque si no había causal que justificara la demanda esta Comisión le dio trámite en vez de inadmitirla que era lo correcto. Posteriormente, cuando el Quindío alegó en su contestación que no existía causal que permitiera la interposición de la demanda, la comisión debió decretar la nulidad y así se hubiera terminado el proceso desde un principio y de una vez por todas, pero en ningún caso debió entrar a fallar de fondo sobre la misma, pues esto dio pie para todo el posterior problema.

Ante la decisión de primera instancia y la absurda e inexplicable oportunidad otorgada por la Comisión Disciplinaria del Campeonato, Nacional interpuso el Recurso de Reposición, (resuelve nuevamente el mismo órgano) y en subsidio el de Apelación (resuelve la Comisión Disciplinaria de la Dimayor), contra la Resolución 047 proferida por la Comisión Disciplinaria del Torneo que le era desfavorable. El recurso se sustentó, argumentando, entre otras cosas, ahora si de manera correcta e intentando subsanar el error cometido en la presentación del escrito de demanda original, que: “las causales invocadas por la Corporación Deportiva Atlético Nacional, están sustentadas y preceptuadas en el Art. 91 inciso 4 y Art. 95 literal C, inciso 14, y Art. 31, dando así cumplimiento a lo ordenado por el Art. 179 en su literal C, que dice CAUSALES DE DEMANDA. “actuación comprobada de un jugador, un miembro del cuerpo médico, del cuerpo técnico o de un delegado suspendido o inhabilitados.” (Tomado textualmente del Considerando 2 literal m de la Resolución 048 de la Comisión Disciplinaria del Torneo”.

Repitiendo el error inicial, la Comisión Disciplinaria del Campeonato confirmó su fallo y le pasó la papa caliente a la Comisión Disciplinaria de la Dimayor. Organismo que ahora tenía mayor presión para tomar una decisión final, puesto que si le entregaban en el escritorio los puntos al Nacional, esto significaba la desclasificación del América de Cali, quien se la había ganado a pulso, y con una alta dosis de suerte, en el terreno de juego.

De este modo y ante la gran presión ejercida por de los medios, los hinchas, el patrocinador y los equipos, la Comisión Disciplinaria de la Dimayor profirió un fallo a todas luces contra derecho. Veamos porque. En el Considerando 2 literal m de la Resolución 017 de este órgano, dice que el propio Nacional en su escrito de apelación manifestó: “Que la Corporación Deportiva Atlético Nacional en el escrito de su demanda no invocó ninguna de las causales previstas en el artículo 179 del Código Disciplinario Único”. Lo anterior suena a error, intencionado o no (no lo sabemos, ustedes juzguen), pues no tiene sentido que el propio Nacional reconozca voluntariamente que no había causal para interponer la demanda, ya que esto la dejaría sin sustento inmediatamente y con este simple afirmación cualquiera de las dos Comisiones Disciplinaria tendría que haber decretado la nulidad del proceso y su consecuente terminación inmediata sin lugar a fallo de fondo.

En esta misma Resolución definitiva, más adelante, en el considerando 5 literal a, que corresponde a las consideraciones propias de la Comisión Disciplinaria de la Dimayor, se manifiesta: “Que antes que nada conviene sobremanera dejar establecida cuál es la específica queja que movió al demandante para acudir ante los tribunales deportivos: el escrito de demanda señala sin ambages a ese respecto que el demandante denuncia la vulneración del artículo 91 del Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol. Y lo hace puntualmente por la previsión descrita en el inciso cuarto de dicha norma, sobre la base de considerar que la conducta observada por el técnico Fernando Castro, en desarrollo del partido de que da cuenta la investigación, constituye la intervención que censura y sanciona el artículo en cuestión”.

Finalmente y para rematar, esta Comisión concluye y sustenta su fallo bajo el argumento que la conducta que estaba en investigación era la del artículo 91 inciso 5 y no la del artículo 179 literal c, y por ende la sanción que corresponde es la del artículo 91 que contempla únicamente la pérdida de puntos para el infractor más no la adjudicación de los mismos para el perjudicado. ABSURDO. Esto es completamente contrario a derecho, pues si se produjo un fallo este debía sancionar conforme a lo dispuesto por la norma aplicable a las demandas de parte que es el artículo 185, el cual consagra la pérdida de los puntos para el equipo infractor y se los otorga al perjudicado. Lo anterior no quiere decir que en estricto derecho esta era la decisión a tomar, pues como hemos dicho, la demanda jamás debió siquiera llegar a fallarse.

Lo lógico y más simple era que se hubiera decretado la nulidad de la demanda por inexistencia de una causal de las contemplada taxativamente por la ley, y por consiguiente no se tendría que haber producido ningún fallo de fondo al respecto, y listo, problema resuelto. Sobre todo teniendo en cuenta que en cada una de las instancias que sorteó la demanda, la respectiva Comisión manifestó que no había causal para presentar la demanda, y así mismo lo expuso desde el comienzo el propio demandante y lo argumentó en su defensa la demandada. Entonces, como puede ser posible que existiendo tres oportunidad para enmendar un error, ambas comisiones no lo hayan hecho.

Ahora bien, como se aplicó una sanción al Deportes Quindío que no le era aplicable, puesto que no es la que corresponde a una demanda, y como no existe otro recurso en las instancias netamente deportivas, el Quindío está en todo su derecho de instaurar una Tutela en contra de la DIMAYOR por vía de la justicia ordinaria por haberse tomado una decisión desconociendo el derecho fundamental al debido proceso.

Si yo fuera el Quindío, no dudaría en acudir a este recurso para que se haga justicia y la Dimayor no tome decisiones a su antojo, pues no vaya a ser que esos 3 puntos la vayan a hacer falta para efectos del descenso.

Lo que resulta absolutamente claro de todo esto, es que la Dimayor no decide conforme a derecho, no respeta el principio del debido proceso, sino que toma decisiones según sus propios intereses y criterios, por lo cual a los clubes no les queda más camino que acudir a la justicia ordinaria para hacer vales sus derechos, pues la justicia deportiva no se los reconoce. Esto mismo aplica para el caso de doping de Viáfara del América de Cali.

Colaborador: Felipe Cárdenas Castro – Playlegal – 01 de Diciembre 2011