Implicaciones Jurídicas del supuesto doping de Barriento

En este breve artículo vamos a intentar explicar las implicancias jurídicas que la conducta del Sr. Hugo Barrientos (futbolista profesional argentino, hoy en el Club All Boys de Argentina) podría traer aparejadas.

Según se ha podido observar en diversos medios periodísticos nacionales, Barrientos (famoso por sus actos de indisciplina dentro y fuera del terreno de juego y mala relación con técnicos, compañeros y rivales) habría ingerido una droga prohibida por la legislación argentina y considerada como sustancia prohibida por el Reglamento Antidopaje de la FIFA (Apéndice B S8 “sustancias y métodos prohibidos”) y por el Reglamento de Control Antidóping de la Asociación del Fútbol Argentino (S8 del Anexo 1 “Lista de Sustancias y Métodos Prohibidos en Competición”).
Este tipo de inconductas hacen pasible al jugador de sanciones disciplinarias severas (suspensión de tres meses a dos años en caso de primera falta).

Con respecto a las sanciones disciplinarias en caso de dar positivo en un análisis de control antidopaje, en el Congreso FIFA del año 2007 celebrado en Zurich, Suiza, se acordó que la sanción correspondiente al jugador que sea declarado culpable de haber ingerido algún tipo de las denominadas drogas sociales (tales como marihuana, hachís, cocaína, etc) y que no estén dirigidas a mejorar el rendimiento deportivo , se reduzca al mínimo posible, siempre teniendo en cuenta las circunstancias del caso. Sin embargo, haciendo una mirada retrospectiva al año 2001 vemos que la recomendación que hizo el máximo organismo del fútbol mundial ese año no era más que una afirmación de lo que, en la práctica, se venía haciendo desde el año 2003 en nuestro país (cuyo primer caso conocido es el del jugador Carlos Cordone, el cual fue suspendido por tres meses a raíz de un control de dopaje que dio positivo por marihuana y menos de un año después fue suspendido por dos años por reincidente).

La razón principal por la cual no es posible eliminar este tipo de drogas que no tienen como objetivo mejorar la capacidad del deportista y lograr así una ventaja sobre sus oponentes es que las mismas están contenidas dentro de la lista de sustancias prohibidas que anualmente la Agencia Mundial Antidopaje (AMA o WADA según sus siglas en inglés) publica. La FIFA al ser la única federación internacional rectora del fútbol mundial, reconocida mediante el Artículo 26 de la Carta Olímpica, debe implementar y hacer cumplir el Código Mundial Antidopaje. Y si bien las federaciones internacionales de cada deporte (en el caso del fútbol la FIFA) pueden tener su propio reglamento antidoping, no les es posible apartarse demasiado de los lineamientos generales que la AMA establece.

Una opinión consultiva elevada por la FIFA en conjunto con AMA en el año 2005 al Tribunal Arbitral del Deporte –CAS o TAS- (máximo tribunal con competencia para entender en cuestiones deportivas) estableció los límites mediante los cuales una federación internacional (FIFA) podía apartarse de las pautas que la Agencia Mundial Antidopaje establece. Caso contrario, podría ser sancionada según lo establece el Artículo 23 de la Carta Olímpica.

Entre ellas se encontraban la posibilidad de que la FIFA imponga sanciones disciplinarias menores que las que establecía el Código Mundial Antidopaje de AMA para los casos de primera falta.

Ergo, si bien la FIFA (e indirectamente la AFA) ha podido establecer sanciones más leves que las establecidas en el Código Mundial Antidopaje en caso de primera ofensa al Reglamento, todavía no ha podido eliminar las sanciones cuando los jugadores ingieren este tipo de sustancias.

Luego de mantener conversaciones e intercambiar opiniones con diversos especialistas del derecho deportivo llegué a la conclusión que la información con lo que cuentan los grandes medios periodísticos es escasa y mala. En los más importantes diarios argentinos se afirmaba que, luego del segundo control anti doping que se le practicó al Sr. Barrientos una vez finalizado el partido que All Boys jugó con Independiente (y posterior al primer control que arrojó resultado positivo luego del partido con San Lorenzo la fecha anterior), el jugador sería sancionado como reincidente ya que había vuelto a cometer una infracción al Reglamento de Control Antidópaje, lo cual lo hacía pasible de obtener una sanción de dos años.

Esto es incorrecto. No se puede considerar reincidente a una persona a la cual no se le ha notificado la primera sanción. Distinto hubiese sido el caso en que una vez notificada y cumplida la sentencia el jugador hubiese dado positivo en otro control anti-dóping.

Afirmar lo contrario implica desconocer y violar las garantías constitucionales de defensa en juicio, garantizadas asimismo en los reglamentos antidopaje de AFA y FIFA.

Consultadas diversas fuentes médicas, algunas de las sustancias prohibidas en el anexo I del Reglamento de Control Antidoping permanecen varios días en el cuerpo hasta que puedan ser expulsadas en su totalidad. Deberíamos considerar que el partido que All Boys jugó contra San Lorenzo (primer control con resultado positivo) fue el día 6 de mayo, mientras que el partido contra Independiente (segundo control con idéntico resultado) fue el día 12. Por lo tanto, la diferencia entre un control y otro ha sido de menos de una semana.

Ergo, es probable que la misma sustancia haya causado el doble positivo en los controles. Habiendo ingerido una única vez la sustancia y habiéndosele practicado dos controles en menos de una semana, juzgar la misma falta e imponer dos sanciones diferentes, es a las claras una flagrante violando al principio del non bis in idem.

A modo de conclusión me gustaría dejar en claro un concepto: si bien considero acertada la decisión de la FIFA (e indirectamente la AFA) de imponer sanciones menores que las que establece el Código Mundial Antidopaje para casos de primera ofensa por el consumo de drogas sociales o que no tengan como objetivo mejorar el rendimiento deportivo, no deberían eliminarse las mismas.

Digo esto no para coartar la libertad de los futbolistas (más cuando en nuestro país se está tratando la despenalización del consumo de drogas) sino para crear conciencia en ellos.

En Argentina y en el mundo, los deportistas de elite son en muchos casos ejemplos para los niños y jóvenes deportistas. Sin dejar de reconocer el esfuerzo y sacrificio que seguramente han hecho para poder llegar al lugar que ocupan hoy en día, creo que se les debería exigir cierta responsabilidad, tanto con el club como con la sociedad toda.

Considero que el ocupar un lugar de privilegio y ser muchas veces admirados por lo que hacen dentro de la cancha debería tener su correlato fuera de ella. Alcanzado este objetivo lograríamos tener deportistas mucho más profesionales, responsables y sanos.

Verdaderos ejemplos de lo que un deportista debería representar y lo que más de un club de nuestro país propone. Me refiero a la cita latina proveniente de las Sátiras del Poeta romano Juvenal (finales Siglo I): Mens Sana in Corpore Sano.

Mariano Bambaci
Sportia Law – Buenos Aires
LL.M. International Sports Law
Buenos Aires, Argentina

GUIA PARA ENTENDER EL CASO CONTADOR

GUIA PARA ENTENDER EL CASO CONTADOR

(Reproducimos el artículo publicado el domingo 12 de febrero en la sección “La otra mirada” del Diario de Pontevedra)

El pasado lunes se dio a conocer el laudo del Tribunal Arbitral del Deporte que sancionó a Alberto Contador con un periodo de suspensión de dos años, comenzando el 25 de enero de 2011. Del periodo de suspensión de dos años se deduce el tiempo durante el cual el ciclista estuvo suspendido provisionalmente, de suerte que la suspensión, una vez restado el periodo de suspensión provisional, se prolongará hasta el mes de agosto de 2012. Adicionalmente, el corredor es descalificado del Tour de Francia 2010 y de todas las competiciones en las que ha participado después del 25 de enero de 2011, con la pérdida de todas las medallas, puntos y premios obtenidos.

Dos precisiones que se me antojan importantes y destinadas a que el lector adquiera conciencia sobre el alcance de la suspensión para el deportista. La normativa antidopaje de la WADA, (Word Antidoping Agency) y la UCI (Union Cycliste International), prohíben la participación, en calidad alguna, en competición o actividad autorizada u organizadas por la UCI, Confederación Continental, Federaciones Nacionales e Internacionales, Clubes, ligas profesionales, o por cualquier organización nacional o internacional signataria del Código. Es decir, que la suspensión no se refiere exclusivamente al ciclismo y por tanto, si mañana Alberto Contador decidiese dedicarse a la práctica profesional del futbol, en la medida en que la Federación Nacional de Futbol o la Liga son signatarios del Código Mundial Antidopaje, el ciclista no podría participar en ninguna competición organizada por tales entidades. En la práctica, Alberto Contador no podrá participar ni en los Juegos Olímpicos de Londres, ni en el Tour de Francia.

Y la segunda, la suspensión desde el 25 de enero de 2011, también de acuerdo con la normativa antidopaje, supone la descalificación y pérdida de todos los resultados obtenidos en todas las competiciones en las que el ciclista participó tras el 25 de enero de 2011, lo que incluye el Giro de Italia 2011, las etapas de la vuelta a Murcia, Cataluña y Castilla y León, su tercer puesto en el Campeonato de España de Contrarreloj, su segundo puesto en el Campeonato de España de Ciclismo en Ruta y las dos etapas que el Corredor ganó en el Tour de San Luis celebrado en el año 2012. Eso implica que Alberto Contador habrá de restituir a cada organización todos los premios económicos obtenidos y que a futuro sus ingresos por su actividad y por la cesión y explotación de sus derechos de imagen o patrocinios publicitarios, se verán seriamente comprometidos puesto que la gran mayoría de los contratos suscritos por Alberto Contador, contienen cláusulas resolutorias en razón precisamente de la imposición de sanciones por dopaje. El laudo arbitral deja para un pronunciamiento posterior la pretensión de la UCI de condenar a Alberto Contador con una multa de 2.485.000 euros así como al 70 por 100 de la parte variable de su contrato de imagen. Segunda batalla de la que hablaremos a su debido tiempo.

Somos en España de juicio y conclusiones rápidas. Sin apenas conocimiento de causa y desde la atalaya de la suficiencia, cualquier español es capaz de opinar sobre cualquier asunto. Antes de escribir este artículo, he escuchado y leído la miríada de opiniones sobre el caso Contador. Periodistas, tertulianos, transeúntes y expertos, se pronuncian de forma airada sobre la injusticia de la “Sentencia” (rectius laudo). Algunos, los menos, se permiten dudar de la inocencia de Alberto Contador. En cualquier caso, si algo se puede extraer como denominador común en ambos bandos, es la rotundidad de sus conclusiones, cuando paradójicamente casi nadie ha leído el laudo arbitral y menos aun, conocen el draconiano sistema normativo antidopaje de carácter internacional. Así que, con toda humildad, permítanme desvelar ciertos arcanos y misterios del sistema, su aplicación al caso Contador para que tras eso, puedan ustedes formular críticas con fundados motivos. Advierto desde ahora que en la descripción del sistema y su aplicación al caso Contador, pretendo ser descriptivo y por tanto prescindiré de juicios de valor. Pero descuiden, que tras la descripción, sacaré a pasear mi lado más feroz y criticaré un sistema que recuerda a la Inquisición y que subvierte y cercena principios y derechos de honda raigambre en cualquier sistema jurídico moderno.

Mi primera parada me ha de llevar al principio de responsabilidad objetiva establecido en el Código Mundial Antidopaje y en la normativa de la UCI, ambas de carácter internacional y que se aplican al corredor en razón de su pertenencia a la Real Federación Española de Ciclismo y por extensión a la Unión Ciclista Internacional. Sin ánimo de enzarzarme en sesudas disquisiciones, tal principio se traduce en que la presencia de una substancia prohibida o sus metabolitos en una muestra del deportista, sea sangre u orina, constituye una infracción antidopaje. La normativa, tras establecer como infracción la presencia de la sustancia, se encarga de advertir que es un deber personal de cada deportista, asegurarse que ninguna sustancia prohibida entra en su organismo, y a estos efectos no es necesario que se demuestre el uso intencionado, culpable o negligente, o el uso consciente por parte del deportista para poder establecer la comisión de la infracción antidopaje. Se dice, por tanto, que la responsabilidad es objetiva, precisamente porque basta la mera presencia de la sustancia en la muestra, quedando extramuros del juicio sobre la comisión de la infracción, la intención o no de obtener una mejora del rendimiento, o si el uso de la sustancia fue inadvertido, negligente o intencionado. La conclusión derivada de la aplicación del sistema a los hechos del caso, es que una vez que la prueba efectuada a Alberto Contador arrojó un resultado analítico adverso, la normativa antidopaje considera que el deportista cometió una infracción. Adicionalmente, la normativa antidopaje internacional establece que con excepción de aquellas sustancias para las que se ha establecido un umbral o límite cuantitativo, la presencia de cualquier cantidad de sustancia prohibida, metabolitos o marcadores, constituye una infracción antidopaje. Estas primeras consideraciones, derivadas de la mera aplicación del sistema normativo al positivo del ciclista tras el test, excluyen: a) cualquier justificación basada en la mínima cantidad de clembuterol encontrado en las muestras de Alberto Contador y b) cualquier justificación basada en que con tal ínfima cantidad, el ciclista jamás podría obtener un incremento de su rendimiento. El laudo arbitral, insiste en varias ocasiones en que es indiscutido por todas las partes que el ciclista cometió una infracción antidopaje por la mera presencia de la sustancia prohibida en sus muestras, circunstancia que excusa de toda prueba tanto a la WADA y como a la UCI sobre la comisión de dicha infracción. El sistema también determina que una vez que la infracción se entiende cometida, su inmediata consecuencia es la imposición de un periodo de suspensión de dos años.

La segunda parada es que una vez que la infracción se considera cometida y por ende de la comisión se deriva la consecuencia jurídica (la suspensión durante dos años), el deportista para reducir o eliminar el periodo de suspensión ha de demostrar inexcusablemente dos cosas: 1º.- Cómo llegó la sustancia prohibida a su organismo y 2º.- Que no concurrió culpa o negligencia. En Román Paladino, para reducir o eliminar el periodo de suspensión, se ha de explicar, argumentar o justificar razonadamente cómo el clembuterol llegó a las muestras de sangre u orina del deportista y que dicha “llegada” no fue debida a un comportamiento intencionado o negligente del deportista. Debo insistir en que el sistema normativo implica que la prueba o justificación de ambas circunstancias es inexcusable si el deportista quiere gozar de una reducción o eliminación del periodo de suspensión impuesto y que la carga u obligación de probar ambas circunstancias en orden a reducir el periodo de suspensión, pende sobre el ciclista.

Si leemos con atención el laudo y desproveemos al mismo de lo accesorio, descubriremos que el Tribunal no ha ido más allá de la demostración de cómo llegó la sustancia prohibida a las muestras de Alberto Contador. Sencillamente, no cree que ninguna de las partes – y especialmente, Alberto Contador, sobre el que pesaría la carga u obligación de probar cómo llegó el clembuterol a sus muestras – haya demostrado que el resultado analítico adverso se debió a la ingestión de carne contaminada. Descarta también que el resultado analítico adverso se deba a una transfusión o a prácticas de dopaje sanguíneo y considera que de las tres posibilidades apuntadas, la más plausible, es la contaminación a través de un suplemento alimenticio. El Tribunal, no concluye, ni declara, ni tiene por probado que el positivo se deba a la ingestión de suplementos alimenticios o vitamínicos, sino que de las tres posibles explicaciones, concluye que la más probable, en detrimento de las otras dos, es la del suplemento. Nótese que tanto Alberto Contador, como la WADA y la UCI, basaron la justificación de las posibles vías de entrada del clembuterol en supuestos probabilísticos. Ninguna de las partes, contó con una prueba plena y directa sino con pruebas y evidencias indirectas. La defensa de Alberto Contador, que nunca dispuso de una muestra de la carne contaminada, esencialmente aportó informes sobre el uso del clembuterol en el engorde del ganado. La WADA y la UCI discutieron dichas tesis a base de estadísticas e informes de la Unión Europea y el Gobierno Vasco en los que se afirma que los casos de contaminación por clembuterol en Europa y en el País Vasco (la carne fue adquirida en Irún), son muy escasos. La WADA y UCI tampoco lograron una demostración plena y científicamente plausible de la teoría de la transfusión. Se basaron en pruebas indiciarias constituidas por informes de expertos que justificaron que los niveles de plástico en sangre, un residuo de las bolsas utilizadas en transfusiones, eran anormalmente elevados. Si algo ha demostrado el proceso ha sido la costosa intervención de peritos cuyas apreciaciones no han servido para convencer al Tribunal de cómo llegó el clembuterol a las muestras de Alberto Contador.

Lo más relevante es que para el Tribunal Arbitral del Deporte, Alberto Contador no logró demostrar cómo llegó el clembuterol a su organismo y por tanto, considera cometida la infracción antidopaje por la mera presencia del Clembuterol en las muestras de Alberto Contador, acordando, en estricta aplicación de la normativa internacional, la suspensión de dos años.

Abordemos para terminar, las críticas. Los razonamientos del TAS, son formalmente irreprochables. Opino que conocedor de la repercusión y difusión del caso Contador, el panel de árbitros ha hecho un verdadero esfuerzo para que el laudo fuera comprensible, e implícitamente para atribuir el pernicioso resultado al sistema y al principio de responsabilidad objetiva consagrado en el mismo. Le reprocho, sin embargo, su falta de ambición. Su aquiescencia y tolerancia con un sistema que se sitúa en las antípodas de principios generalmente aceptados tales como el de culpabilidad, proporcionalidad y presunción de inocencia. A los juristas, incluidos los árbitros del TAS nos debería provocar un esencial rechazo, un sistema en el que el deportista es considerado culpable y debe, a través de la prueba de hechos negativos, demostrar su inocencia, cuando en cualquier sistema jurídico que se precie y eso lo saben los niños, el que debe demostrar la culpabilidad es quien formula la acusación. Le reprocho al Tribunal Arbitral que teniendo plena libertad para resolver y un amplio margen de discrecionalidad, se aferre a la literalidad de las normas y que no quiera salirse del guion impuesto por la WADA y por la UCI. Me produce alergia y urticaria que el sistema normativo impuesto por la AMA y la UCI jamás haya pasado por un control jurisdiccional o arbitral, cuando cualquier sistema normativo está sometido a controles de adecuación a fin y juicios de constitucionalidad por órganos distintos e independientes que garantizan la conformidad del sistema con principios universalmente aceptados. Me repugna que la WADA y la UCI atribuyan sistemáticamente a nuestras autoridades su tolerancia con el Dopaje, olvidando que en España, afortunadamente rigen principios y garantías constitucionales que impiden la imposición de sanciones de forma frívola o apoyadas en la mera sospecha. Y habida cuenta que en estos últimos días he oído decir a Don José Ignacio Wert, Ministro de Cultura y Deporte, que hay que cohonestar la normativa española con la normativa internacional, me permito opinar que el Estado Español no debe dar ni un paso atrás y que cohonestar nuestra legislación con la normativa internacional, no significa ceder en Derechos y Garantías firmemente asentados en nuestro sistema jurídico, ni obviamente, crear zonas exentas de tales Derechos y Garantías.

A Alberto Contador le aconsejo ánimo y que sea tan corredor de fondo en lo jurídico, como lo es en el Deporte. Que persevere y que mire más allá de los Alpes Suizos y del Tribunal Federal. Y que la meta de esta larga ronda se encuentra en el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. El único lugar en el que todo el sistema antidopaje, la normativa de la WADA y de la UCI, puede ser sometido a verdadero enjuiciamiento.

Y por último, creo en la inocencia de Alberto Contador y nada tiene que ver con mi opinión o percepción sobre él. Sencillamente, como jurista, nadie me ha convencido de que sea culpable y en lo que a mi respecta, goza de la sacrosanta presunción de inocencia o en lenguaje común, del más amplio beneficio de la duda.

Alberto Ruiz de Aguiar Díaz-Obregón.
Es especialista en Derecho del Deporte y socio director de SPORTIA LAW.
contacto@sportialaw.com

LAS DECISIONES DE LA DIMAYOR NO SE AJUSTAN A DERECHO

La decisión de la Comisión Disciplinaria de la Dimayor de quitarle los 3 puntos del partido al Quindío, pero no adjudicárselos al Nacional, deja ver claramente que las decisiones de este órgano disciplinario no se toman conforme a derecho sino de manera absolutamente arbitraria y atendiendo únicamente a sus propios intereses.

Recordemos que el presente caso tiene como origen la demanda interpuesta por Atlético Nacional contra Deportes Quindío, la cual se sustentó en el hecho de una supuesta intervención de Fernando “El Pecoso” Castro en el partido disputado entre estos mismos equipos el pasado 20 de noviembre de 2011, cuando el DT del equipo de Armenia se encontraba suspendido para dirigir su equipo.

Por su parte, el Quindío, a quien le concedieron términos muy cortos para responder la demanda, entre otras cosas, argumentó en su contestación que no había lugar a la demanda interpuesta por el Nacional, toda vez que en el caso particular no había causal que permitiera la demanda. Esta argumentación fue sustentada en el artículo 179 del Código Disciplinario, el cual establece taxativamente cuales son la causales para poder interponer una demanda de parte, tal y como es el caso de la Demanda que interpuso Nacional.

En primera instancia, la demanda fue presentada por Atlético Nacional ante la Comisión Disciplinaria del Campeonato, lo cual significa que nos encontramos frente a una demanda de parte interpuesta por la parte afectada, en este caso el Nacional, y no frente a una investigación de oficio o por denuncia de un tercero, según lo dispone el propio artículo 176 del Código Disciplinario expedido por la Federación Colombiana de Fútbol, que es precisamente la norma que establece las diferencias entre estas posibilidades. Entonces, estando frente a una demanda de parte, se debían aplicar exclusivamente los artículos relativos a las demandas, como el 179, referente a causas de la demanda, 185, relativo al Fallo, y no otras disposiciones diferentes, como la sanción consagrada en el artículo 91 que no corresponde a demandas de parte.

El primer error dentro de toda la cadena de errores que se presentaron, fue por parte de los abogados de Nacional, pues dentro de la demanda presentada el equipo invocó erradamente el artículo 91 del Código Disciplinario Único que textualmente dispone que “Al miembro del cuerpo técnico y delegado, que estando suspendido intervenga de cualquier manera durante un partido, se le sancionará con el doble de la pena que antes le haya sido impuesta, y para su club conllevará sanción de pérdida de los puntos en disputa” (Tomado textualmente del Considerando 2 literal d de la Resolución 047 de La Comisión Disciplinaria del Campeonato). Disposición que no correspondía citar, pues la que verdaderamente aplicaba era el artículo 185, que es el que regula las sanciones o fallos para cuando prosperan demandas de parte, tal y como es el presente caso, y que si consagra la adjudicación de puntos al equipo perjudicado en caso que se profiera fallo favorable. Error craso de los abogados del Nacional que, como veremos más adelante, fue aprovechado, también equivocadamente, por la Comisión Disciplinaria de la Dimayor, para sustentar su decisión final.

El segundo gran error fue de la Comisión Disciplinaria del Campeonato, quien ante la premura de tomar una decisión al respecto, por lo que la fase inicial de la Liga Postobón se estaba acabando y estos puntos eran determinantes para ver que equipos se clasificaban, sumado a lo difícil que resulta para la Dimayor juzgar a un equipo propiedad del máximo patrocinador del fútbol profesional colombiano, la dio trámite a la demanda, cuando debió inadmitirla. Tras el estudio inicial del escrito de demanda en primera instancia, la Comisión Disciplinaria del Campeonato resolvió no acceder a las pretensiones del Nacional argumentando, entre otras cosas, que la causal invocada por el Nacional para interponer la demanda (artículo 179 literal C del Código Disciplinario) no se ajustaba al caso particular. Entonces, no se entiende porque si no había causal que justificara la demanda esta Comisión le dio trámite en vez de inadmitirla que era lo correcto. Posteriormente, cuando el Quindío alegó en su contestación que no existía causal que permitiera la interposición de la demanda, la comisión debió decretar la nulidad y así se hubiera terminado el proceso desde un principio y de una vez por todas, pero en ningún caso debió entrar a fallar de fondo sobre la misma, pues esto dio pie para todo el posterior problema.

Ante la decisión de primera instancia y la absurda e inexplicable oportunidad otorgada por la Comisión Disciplinaria del Campeonato, Nacional interpuso el Recurso de Reposición, (resuelve nuevamente el mismo órgano) y en subsidio el de Apelación (resuelve la Comisión Disciplinaria de la Dimayor), contra la Resolución 047 proferida por la Comisión Disciplinaria del Torneo que le era desfavorable. El recurso se sustentó, argumentando, entre otras cosas, ahora si de manera correcta e intentando subsanar el error cometido en la presentación del escrito de demanda original, que: “las causales invocadas por la Corporación Deportiva Atlético Nacional, están sustentadas y preceptuadas en el Art. 91 inciso 4 y Art. 95 literal C, inciso 14, y Art. 31, dando así cumplimiento a lo ordenado por el Art. 179 en su literal C, que dice CAUSALES DE DEMANDA. “actuación comprobada de un jugador, un miembro del cuerpo médico, del cuerpo técnico o de un delegado suspendido o inhabilitados.” (Tomado textualmente del Considerando 2 literal m de la Resolución 048 de la Comisión Disciplinaria del Torneo”.

Repitiendo el error inicial, la Comisión Disciplinaria del Campeonato confirmó su fallo y le pasó la papa caliente a la Comisión Disciplinaria de la Dimayor. Organismo que ahora tenía mayor presión para tomar una decisión final, puesto que si le entregaban en el escritorio los puntos al Nacional, esto significaba la desclasificación del América de Cali, quien se la había ganado a pulso, y con una alta dosis de suerte, en el terreno de juego.

De este modo y ante la gran presión ejercida por de los medios, los hinchas, el patrocinador y los equipos, la Comisión Disciplinaria de la Dimayor profirió un fallo a todas luces contra derecho. Veamos porque. En el Considerando 2 literal m de la Resolución 017 de este órgano, dice que el propio Nacional en su escrito de apelación manifestó: “Que la Corporación Deportiva Atlético Nacional en el escrito de su demanda no invocó ninguna de las causales previstas en el artículo 179 del Código Disciplinario Único”. Lo anterior suena a error, intencionado o no (no lo sabemos, ustedes juzguen), pues no tiene sentido que el propio Nacional reconozca voluntariamente que no había causal para interponer la demanda, ya que esto la dejaría sin sustento inmediatamente y con este simple afirmación cualquiera de las dos Comisiones Disciplinaria tendría que haber decretado la nulidad del proceso y su consecuente terminación inmediata sin lugar a fallo de fondo.

En esta misma Resolución definitiva, más adelante, en el considerando 5 literal a, que corresponde a las consideraciones propias de la Comisión Disciplinaria de la Dimayor, se manifiesta: “Que antes que nada conviene sobremanera dejar establecida cuál es la específica queja que movió al demandante para acudir ante los tribunales deportivos: el escrito de demanda señala sin ambages a ese respecto que el demandante denuncia la vulneración del artículo 91 del Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol. Y lo hace puntualmente por la previsión descrita en el inciso cuarto de dicha norma, sobre la base de considerar que la conducta observada por el técnico Fernando Castro, en desarrollo del partido de que da cuenta la investigación, constituye la intervención que censura y sanciona el artículo en cuestión”.

Finalmente y para rematar, esta Comisión concluye y sustenta su fallo bajo el argumento que la conducta que estaba en investigación era la del artículo 91 inciso 5 y no la del artículo 179 literal c, y por ende la sanción que corresponde es la del artículo 91 que contempla únicamente la pérdida de puntos para el infractor más no la adjudicación de los mismos para el perjudicado. ABSURDO. Esto es completamente contrario a derecho, pues si se produjo un fallo este debía sancionar conforme a lo dispuesto por la norma aplicable a las demandas de parte que es el artículo 185, el cual consagra la pérdida de los puntos para el equipo infractor y se los otorga al perjudicado. Lo anterior no quiere decir que en estricto derecho esta era la decisión a tomar, pues como hemos dicho, la demanda jamás debió siquiera llegar a fallarse.

Lo lógico y más simple era que se hubiera decretado la nulidad de la demanda por inexistencia de una causal de las contemplada taxativamente por la ley, y por consiguiente no se tendría que haber producido ningún fallo de fondo al respecto, y listo, problema resuelto. Sobre todo teniendo en cuenta que en cada una de las instancias que sorteó la demanda, la respectiva Comisión manifestó que no había causal para presentar la demanda, y así mismo lo expuso desde el comienzo el propio demandante y lo argumentó en su defensa la demandada. Entonces, como puede ser posible que existiendo tres oportunidad para enmendar un error, ambas comisiones no lo hayan hecho.

Ahora bien, como se aplicó una sanción al Deportes Quindío que no le era aplicable, puesto que no es la que corresponde a una demanda, y como no existe otro recurso en las instancias netamente deportivas, el Quindío está en todo su derecho de instaurar una Tutela en contra de la DIMAYOR por vía de la justicia ordinaria por haberse tomado una decisión desconociendo el derecho fundamental al debido proceso.

Si yo fuera el Quindío, no dudaría en acudir a este recurso para que se haga justicia y la Dimayor no tome decisiones a su antojo, pues no vaya a ser que esos 3 puntos la vayan a hacer falta para efectos del descenso.

Lo que resulta absolutamente claro de todo esto, es que la Dimayor no decide conforme a derecho, no respeta el principio del debido proceso, sino que toma decisiones según sus propios intereses y criterios, por lo cual a los clubes no les queda más camino que acudir a la justicia ordinaria para hacer vales sus derechos, pues la justicia deportiva no se los reconoce. Esto mismo aplica para el caso de doping de Viáfara del América de Cali.

Colaborador: Felipe Cárdenas Castro – Playlegal – 01 de Diciembre 2011

  • Taking upon the responsibility of preventing violence and racism in sports.

    It seems that when we see violent and racist acts in European football, we see private and public authorities taking action to try to prevent and sanction such acts and conducts. We see great security agendas, action plans and police forces; we also see administrative bodies that apply firm and serious sanctions to offenders. As if this was not enough, we find tough and rigorous laws that regulate particular situations that take place when faced with violence in sporting events. All this, without mentioning the stadiums: fully equipped with security requirements and measures, organized security personnel and an important volunteer base that takes care of additional “safety” procedures. It´s fair to ask ourselves: ¿If European professional football faces frequent violent acts and conducts in and out of the stadiums, if we see football in this continent being tainted with horrible racist acts; then, how do smaller, poorer countries in other parts of the world deal with this critical issue?

    Recently a small Central America country made a great effort to pursue the prevention and sanction of violence and racism in sports. Even if its own Ministry of Justice and Peace found little budget to finance such work, they found aid in an international body (United Nations) to make this objective possible. Months later these same authorities presented a draft bill to the pertinent sports sectors: national federations, National Olympic Committee, professional football league, players association, clubs, public authorities and members of the Legislative power.

    This initiative presented stated three pillars: a) the use of education as a long term preventive measure. The creation of state programs to rehabilitate sport values, to promote the fair play and to respect – both from a personal as from a sporting perspective – the rival in any sporting event or competition; b) the prevention, organization and coordination of the fight against violence and racism by means of establishing security measures by both private and public parties, and c) the sanctioning of conducts that violate a conduct code or infraction regime. Spectators, sportsmen, stadium owners or administrators, and organizers of sports competitions where informed about this new legal framework, especially in regards to the responsibility and obligations each one of them would have in this “new order” against violence and racism in sports.

    In consequence, we could say that this small country has few resources to finance great security agendas or action plans, little resources to create and finance an administrative body to deal with the registry of infractions in sports, its stadiums barely count with basic security requirements, there is little personnel educated in violence prevention and day by day it sees how violence and racism are slowly entering and sickening its national sports competitions. Nonetheless, they have acted responsibly and worked hard to see the beginning of a Sports Act-Law against Violence and Racism in Sports. This legal framework recognizes the limitations of its own social and economic reality, as well as it highlights the strong points that make this project viable and workable in the near future. If this project helps to prevent and reduce violence and racism in sports, all those hours of hard work would definitely have been worth the while.

    Sportia Law is greatly pleased to have being part of this constructive and challenging initiative, that since from the start has brought us closer to our social responsibility values and our eagerness to collaborate in this remarkable professional experiences.

    Sobre la especificidad del deporte y “su” Derecho.

    El Derecho del Deporte, una joven rama del milenario árbol del derecho, tiene afán de ser completamente distinta a otras ramas. La justificación es su especificidad. Un concepto que aplicado al Deporte y al Derecho, permite establecer distinciones y excepciones para la actividad deportiva respecto a otras actividades desarrolladas por el ser humano. Un sencillo ejemplo bastará para comprenderlo: en la práctica totalidad de los sistemas jurídicos de nuestro entorno, es impensable recibir una sentencia que no contenga un relato de hechos y fundamentos que la sustenten. Sin embargo, recientemente, hemos sabido que el Tribunal Disciplinario de la UEFA ha comunicado la imposición de sanciones a los jugadores Pepe y Pinto, así como al sedicente entrenador del Real Madrid José Mourinho, sin siquiera comunicar la fundamentación que sustenta las sanciones impuestas.

    En un sentido similar, el Código de Procedimiento del Tribunal Arbitral del Deporte, permite al Tribunal comunicar la parte operativa del laudo arbitral, antes que las razones, disponiendo de un plazo de tres meses prorrogables para comunicar tal fundamentación. Paradójicamente, el laudo es ejecutable, aun sin fundamentación, desde su notificación. Más ejemplos; la práctica totalidad de Estatutos y Reglamentos de Federaciones Deportivas, prohíben a sus miembros recurrir a los Tribunales Ordinarios, cercenando un tradicional Derecho Fundamental como es el de acceso a la Justicia, para que toda controversia se ventile en órganos privados ajenos al control jurisdiccional.  Dicha distinción de nuevo, está amparada en una etérea e inaprehensible especificidad del deporte, aunque es obvio que la imposición de una sanción de suspensión de dos años para la práctica de cualquier actividad deportiva, o la condena a que un jugador pague a su anterior club una cantidad superior a 18 millones de euros va mucho más allá del deporte y esa presunta especificidad.

    Y un último ejemplo, transcrito literalmente del laudo arbitral que impuso al ciclista Alejandro Valverde una suspensión de dos años: Incluso si las pruebas de la operación puerto pudieran ser consideradas como obtenidas ilegítimamente, de conformidad con el Derecho Suizo tales pruebas podrían ser utilizadas, incluso habiendo sido obtenidas con violación de derechos humanos, si existiese un interés público prevalente. En el presente supuesto, la lucha internacional contra el dopaje es un interés público que tiene más valor que una posible violación de derechos personales del Sr. Valverde. Y no son ejemplos aislados. El sistema jurídico deportivo conoce infinidad de excepciones y zonas de sombra. Bienvenidos al Deporte, a “su” derecho (esta vez con minúsculas) y la útil coraza de su especificidad.

    Alberto