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Portada Curso TAS (Español)

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Derecho deportivo: crisis financiera de los clubes y la terminación de contratos laborales de futbolistas profesionales.

DERECHO DEPORTIVO: CRISIS FINANCIERA DE LOS CLUBES Y LA TERMINACIÓN DE CONTRATOS LABORALES DE FUTBOLISTAS PROFESIONALES

No es una sorpresa la complicada situación económica que muchos clubes profesionales de fútbol están pasando. Esta crisis económica, trae consigo efectos negativos sobre todos los trabajadores del club, pero en este artículo quisiera enfocarme en los efectos que trae sobre la estabilidad de los contratos laborales de los jugadores profesionales.
Algunas administraciones de clubes, al encontrarse en aprietos económicos suelen, como primer recurso, prescindir de los servicios de algunos de sus jugadores profesionales, encontrándose estos últimos sorpresivamente sin trabajo. Obviamente no estamos hablando de jugadores profesionales de alto perfil, hablamos del jugador promedio que trata cada temporada de mantenerse en algún equipo como profesional.

Es interesante el tema puesto que tiene mucho sentido que un club, al igual que cualquier empresa que se encuentre en una crisis económica, deba tomar acciones que puedan llevar a una reducción de gastos, y entre estas acciones pueden darse recortes de personal.
En el 2009 se dio un caso donde dos futbolistas profesionales, Terje Reinertsen y Jukka Hakala, que pertenecían al Club Noruego Notodden fueron despedidos debido a la importante crisis económica que el club estaba pasando. Cabe resaltar que ambos jugadores tenían estipulado en su contrato una clausula de rescisión contractual que se activaría a voluntad del club, cuando este se encontrase en una crisis económica.
Los hechos alegados por el club para justificar el despido de estos dos jugadores fueron dos: a) que estos habían sido relegados a una división inferior y que esto traería como consecuencias menos ingresos y b) que su más importante patrocinador, el cual venia otorgando apoyo económico al club por mas de 7 años, redujo su apoyo sustancialmente. El club amparaba su derecho a terminar los contratos en lo dispuesto en las clausulas de rescisión, mencionado en el párrafo anterior, y en la Ley de Trabajo Noruego donde se le permite al empleador terminar un contrato de trabajo cuando el empleador se encuentra en una grave crisis económica.

A grandes rasgos el club parecería tener buenos alegatos para justificar el despido de estos dos jugadores, los cuales sorpresivamente en febrero del presente año, fueron desestimados por la Corte Suprema Noruega. El principal motivo de la Corte para desestimar los alegatos del club, fue que el club no podía hacer uso de la clausula de terminación del contrato si es que éste había llegado a una situación de crisis económica por sus propios actos. La Corte luego de revisar la documentación y pruebas presentadas por el club, determinó que la situación económica adversa de la institución, se debió a un mal manejo de sus finanzas. Caso contrario se hubiera dado si es que la crisis económica del club se hubiera dado por efectos externos a la misma, lo que hubiera llevado a la Corte resolver a favor del club. La Corte Suprema agregó que el club no presentó las suficientes pruebas para mostrar que estos habían realizado una revisión exhaustiva de las diversas acciones que podrían haber tomado antes de llegar a la terminación del contrato con estos jugadores, motivo por el cual consideraron que el club no tenía derecho a la terminación de éstos. Al parecer el tribunal Noruego le preocupó mucho que las altas ambiciones deportivas de un club pudieran tener más importancia que el contrato laboral de sus jugadores.

Un caso parecido está ocurriendo en Lima, Perú, donde uno de los equipos más grandes de ese país, el Club “Alianza Lima”, a través de su administración temporal, ha dado por terminado varios contratos de jugadores profesionales, culpando a la crisis económica en la que el club se encuentra. Inicialmente se anunciaron recortes salariales, lo cual provocó que alrededor de 17 jugadores dejaran la institución, a lo cual la administración del club respondió con la contratación de un nuevo grupo de profesionales para afrontar la segunda parte de la temporada.

En esta misma línea, debemos señalar que lo resuelto por la Corte Noruega y lo que podría aplicarse en el caso peruano, es lo señalado por la Teoría de los Actos Propios, en latin “venire contra factum proprium non valet”, la cual norma la inadmisibilidad de actuar contra los propios actos. En este caso constituye un límite al ejercicio de la facultad del club de hacer uso de la clausula de rescisión contractual como consecuencia de la mala gestión económica financiera del mismo lo cual está muy relacionado con el principio de la buena fe en los contratos jurídicos.

Para preocupación de algunos clubes y para consuelo de otros, podemos concluir que este tipo de clausula de rescisión contractual podrá ser utilizada por un club siempre y cuando éste haya llevado una administración económica-financiera de manera realista y responsable, encaminada a cumplir con sus obligaciones laborales a lo largo del tiempo y solo un factor externo e imprevisible que afecte la economía del club de manera importante permitiría el justo despido de un trabajador/jugador por esta vía.

Colaborador de Sportia Law:
Jorge Ugaz Poblete
Especialista en Derecho Deportivo

Conferencia Magistral: Arbitraje y Resolución de Disputas en el Fútbol Internacional. 22 de Agosto, 2012 (San José, Costa Rica)

 A todos los interesados:

Adjunto encontrarán la invitación de la conferencia magistral a efectuarse en el Colegio de Abogados de Costa Rica. La actividad se llevará a cabo el miércoles 22 de agosto a las 5:00pm. A quiénes puedan asistir los esperamos.

Sportia.

Implicaciones Jurídicas del supuesto doping de Barriento

En este breve artículo vamos a intentar explicar las implicancias jurídicas que la conducta del Sr. Hugo Barrientos (futbolista profesional argentino, hoy en el Club All Boys de Argentina) podría traer aparejadas.

Según se ha podido observar en diversos medios periodísticos nacionales, Barrientos (famoso por sus actos de indisciplina dentro y fuera del terreno de juego y mala relación con técnicos, compañeros y rivales) habría ingerido una droga prohibida por la legislación argentina y considerada como sustancia prohibida por el Reglamento Antidopaje de la FIFA (Apéndice B S8 “sustancias y métodos prohibidos”) y por el Reglamento de Control Antidóping de la Asociación del Fútbol Argentino (S8 del Anexo 1 “Lista de Sustancias y Métodos Prohibidos en Competición”).
Este tipo de inconductas hacen pasible al jugador de sanciones disciplinarias severas (suspensión de tres meses a dos años en caso de primera falta).

Con respecto a las sanciones disciplinarias en caso de dar positivo en un análisis de control antidopaje, en el Congreso FIFA del año 2007 celebrado en Zurich, Suiza, se acordó que la sanción correspondiente al jugador que sea declarado culpable de haber ingerido algún tipo de las denominadas drogas sociales (tales como marihuana, hachís, cocaína, etc) y que no estén dirigidas a mejorar el rendimiento deportivo , se reduzca al mínimo posible, siempre teniendo en cuenta las circunstancias del caso. Sin embargo, haciendo una mirada retrospectiva al año 2001 vemos que la recomendación que hizo el máximo organismo del fútbol mundial ese año no era más que una afirmación de lo que, en la práctica, se venía haciendo desde el año 2003 en nuestro país (cuyo primer caso conocido es el del jugador Carlos Cordone, el cual fue suspendido por tres meses a raíz de un control de dopaje que dio positivo por marihuana y menos de un año después fue suspendido por dos años por reincidente).

La razón principal por la cual no es posible eliminar este tipo de drogas que no tienen como objetivo mejorar la capacidad del deportista y lograr así una ventaja sobre sus oponentes es que las mismas están contenidas dentro de la lista de sustancias prohibidas que anualmente la Agencia Mundial Antidopaje (AMA o WADA según sus siglas en inglés) publica. La FIFA al ser la única federación internacional rectora del fútbol mundial, reconocida mediante el Artículo 26 de la Carta Olímpica, debe implementar y hacer cumplir el Código Mundial Antidopaje. Y si bien las federaciones internacionales de cada deporte (en el caso del fútbol la FIFA) pueden tener su propio reglamento antidoping, no les es posible apartarse demasiado de los lineamientos generales que la AMA establece.

Una opinión consultiva elevada por la FIFA en conjunto con AMA en el año 2005 al Tribunal Arbitral del Deporte –CAS o TAS- (máximo tribunal con competencia para entender en cuestiones deportivas) estableció los límites mediante los cuales una federación internacional (FIFA) podía apartarse de las pautas que la Agencia Mundial Antidopaje establece. Caso contrario, podría ser sancionada según lo establece el Artículo 23 de la Carta Olímpica.

Entre ellas se encontraban la posibilidad de que la FIFA imponga sanciones disciplinarias menores que las que establecía el Código Mundial Antidopaje de AMA para los casos de primera falta.

Ergo, si bien la FIFA (e indirectamente la AFA) ha podido establecer sanciones más leves que las establecidas en el Código Mundial Antidopaje en caso de primera ofensa al Reglamento, todavía no ha podido eliminar las sanciones cuando los jugadores ingieren este tipo de sustancias.

Luego de mantener conversaciones e intercambiar opiniones con diversos especialistas del derecho deportivo llegué a la conclusión que la información con lo que cuentan los grandes medios periodísticos es escasa y mala. En los más importantes diarios argentinos se afirmaba que, luego del segundo control anti doping que se le practicó al Sr. Barrientos una vez finalizado el partido que All Boys jugó con Independiente (y posterior al primer control que arrojó resultado positivo luego del partido con San Lorenzo la fecha anterior), el jugador sería sancionado como reincidente ya que había vuelto a cometer una infracción al Reglamento de Control Antidópaje, lo cual lo hacía pasible de obtener una sanción de dos años.

Esto es incorrecto. No se puede considerar reincidente a una persona a la cual no se le ha notificado la primera sanción. Distinto hubiese sido el caso en que una vez notificada y cumplida la sentencia el jugador hubiese dado positivo en otro control anti-dóping.

Afirmar lo contrario implica desconocer y violar las garantías constitucionales de defensa en juicio, garantizadas asimismo en los reglamentos antidopaje de AFA y FIFA.

Consultadas diversas fuentes médicas, algunas de las sustancias prohibidas en el anexo I del Reglamento de Control Antidoping permanecen varios días en el cuerpo hasta que puedan ser expulsadas en su totalidad. Deberíamos considerar que el partido que All Boys jugó contra San Lorenzo (primer control con resultado positivo) fue el día 6 de mayo, mientras que el partido contra Independiente (segundo control con idéntico resultado) fue el día 12. Por lo tanto, la diferencia entre un control y otro ha sido de menos de una semana.

Ergo, es probable que la misma sustancia haya causado el doble positivo en los controles. Habiendo ingerido una única vez la sustancia y habiéndosele practicado dos controles en menos de una semana, juzgar la misma falta e imponer dos sanciones diferentes, es a las claras una flagrante violando al principio del non bis in idem.

A modo de conclusión me gustaría dejar en claro un concepto: si bien considero acertada la decisión de la FIFA (e indirectamente la AFA) de imponer sanciones menores que las que establece el Código Mundial Antidopaje para casos de primera ofensa por el consumo de drogas sociales o que no tengan como objetivo mejorar el rendimiento deportivo, no deberían eliminarse las mismas.

Digo esto no para coartar la libertad de los futbolistas (más cuando en nuestro país se está tratando la despenalización del consumo de drogas) sino para crear conciencia en ellos.

En Argentina y en el mundo, los deportistas de elite son en muchos casos ejemplos para los niños y jóvenes deportistas. Sin dejar de reconocer el esfuerzo y sacrificio que seguramente han hecho para poder llegar al lugar que ocupan hoy en día, creo que se les debería exigir cierta responsabilidad, tanto con el club como con la sociedad toda.

Considero que el ocupar un lugar de privilegio y ser muchas veces admirados por lo que hacen dentro de la cancha debería tener su correlato fuera de ella. Alcanzado este objetivo lograríamos tener deportistas mucho más profesionales, responsables y sanos.

Verdaderos ejemplos de lo que un deportista debería representar y lo que más de un club de nuestro país propone. Me refiero a la cita latina proveniente de las Sátiras del Poeta romano Juvenal (finales Siglo I): Mens Sana in Corpore Sano.

Mariano Bambaci
Sportia Law – Buenos Aires
LL.M. International Sports Law
Buenos Aires, Argentina

GUIA PARA ENTENDER EL CASO CONTADOR

GUIA PARA ENTENDER EL CASO CONTADOR

(Reproducimos el artículo publicado el domingo 12 de febrero en la sección “La otra mirada” del Diario de Pontevedra)

El pasado lunes se dio a conocer el laudo del Tribunal Arbitral del Deporte que sancionó a Alberto Contador con un periodo de suspensión de dos años, comenzando el 25 de enero de 2011. Del periodo de suspensión de dos años se deduce el tiempo durante el cual el ciclista estuvo suspendido provisionalmente, de suerte que la suspensión, una vez restado el periodo de suspensión provisional, se prolongará hasta el mes de agosto de 2012. Adicionalmente, el corredor es descalificado del Tour de Francia 2010 y de todas las competiciones en las que ha participado después del 25 de enero de 2011, con la pérdida de todas las medallas, puntos y premios obtenidos.

Dos precisiones que se me antojan importantes y destinadas a que el lector adquiera conciencia sobre el alcance de la suspensión para el deportista. La normativa antidopaje de la WADA, (Word Antidoping Agency) y la UCI (Union Cycliste International), prohíben la participación, en calidad alguna, en competición o actividad autorizada u organizadas por la UCI, Confederación Continental, Federaciones Nacionales e Internacionales, Clubes, ligas profesionales, o por cualquier organización nacional o internacional signataria del Código. Es decir, que la suspensión no se refiere exclusivamente al ciclismo y por tanto, si mañana Alberto Contador decidiese dedicarse a la práctica profesional del futbol, en la medida en que la Federación Nacional de Futbol o la Liga son signatarios del Código Mundial Antidopaje, el ciclista no podría participar en ninguna competición organizada por tales entidades. En la práctica, Alberto Contador no podrá participar ni en los Juegos Olímpicos de Londres, ni en el Tour de Francia.

Y la segunda, la suspensión desde el 25 de enero de 2011, también de acuerdo con la normativa antidopaje, supone la descalificación y pérdida de todos los resultados obtenidos en todas las competiciones en las que el ciclista participó tras el 25 de enero de 2011, lo que incluye el Giro de Italia 2011, las etapas de la vuelta a Murcia, Cataluña y Castilla y León, su tercer puesto en el Campeonato de España de Contrarreloj, su segundo puesto en el Campeonato de España de Ciclismo en Ruta y las dos etapas que el Corredor ganó en el Tour de San Luis celebrado en el año 2012. Eso implica que Alberto Contador habrá de restituir a cada organización todos los premios económicos obtenidos y que a futuro sus ingresos por su actividad y por la cesión y explotación de sus derechos de imagen o patrocinios publicitarios, se verán seriamente comprometidos puesto que la gran mayoría de los contratos suscritos por Alberto Contador, contienen cláusulas resolutorias en razón precisamente de la imposición de sanciones por dopaje. El laudo arbitral deja para un pronunciamiento posterior la pretensión de la UCI de condenar a Alberto Contador con una multa de 2.485.000 euros así como al 70 por 100 de la parte variable de su contrato de imagen. Segunda batalla de la que hablaremos a su debido tiempo.

Somos en España de juicio y conclusiones rápidas. Sin apenas conocimiento de causa y desde la atalaya de la suficiencia, cualquier español es capaz de opinar sobre cualquier asunto. Antes de escribir este artículo, he escuchado y leído la miríada de opiniones sobre el caso Contador. Periodistas, tertulianos, transeúntes y expertos, se pronuncian de forma airada sobre la injusticia de la “Sentencia” (rectius laudo). Algunos, los menos, se permiten dudar de la inocencia de Alberto Contador. En cualquier caso, si algo se puede extraer como denominador común en ambos bandos, es la rotundidad de sus conclusiones, cuando paradójicamente casi nadie ha leído el laudo arbitral y menos aun, conocen el draconiano sistema normativo antidopaje de carácter internacional. Así que, con toda humildad, permítanme desvelar ciertos arcanos y misterios del sistema, su aplicación al caso Contador para que tras eso, puedan ustedes formular críticas con fundados motivos. Advierto desde ahora que en la descripción del sistema y su aplicación al caso Contador, pretendo ser descriptivo y por tanto prescindiré de juicios de valor. Pero descuiden, que tras la descripción, sacaré a pasear mi lado más feroz y criticaré un sistema que recuerda a la Inquisición y que subvierte y cercena principios y derechos de honda raigambre en cualquier sistema jurídico moderno.

Mi primera parada me ha de llevar al principio de responsabilidad objetiva establecido en el Código Mundial Antidopaje y en la normativa de la UCI, ambas de carácter internacional y que se aplican al corredor en razón de su pertenencia a la Real Federación Española de Ciclismo y por extensión a la Unión Ciclista Internacional. Sin ánimo de enzarzarme en sesudas disquisiciones, tal principio se traduce en que la presencia de una substancia prohibida o sus metabolitos en una muestra del deportista, sea sangre u orina, constituye una infracción antidopaje. La normativa, tras establecer como infracción la presencia de la sustancia, se encarga de advertir que es un deber personal de cada deportista, asegurarse que ninguna sustancia prohibida entra en su organismo, y a estos efectos no es necesario que se demuestre el uso intencionado, culpable o negligente, o el uso consciente por parte del deportista para poder establecer la comisión de la infracción antidopaje. Se dice, por tanto, que la responsabilidad es objetiva, precisamente porque basta la mera presencia de la sustancia en la muestra, quedando extramuros del juicio sobre la comisión de la infracción, la intención o no de obtener una mejora del rendimiento, o si el uso de la sustancia fue inadvertido, negligente o intencionado. La conclusión derivada de la aplicación del sistema a los hechos del caso, es que una vez que la prueba efectuada a Alberto Contador arrojó un resultado analítico adverso, la normativa antidopaje considera que el deportista cometió una infracción. Adicionalmente, la normativa antidopaje internacional establece que con excepción de aquellas sustancias para las que se ha establecido un umbral o límite cuantitativo, la presencia de cualquier cantidad de sustancia prohibida, metabolitos o marcadores, constituye una infracción antidopaje. Estas primeras consideraciones, derivadas de la mera aplicación del sistema normativo al positivo del ciclista tras el test, excluyen: a) cualquier justificación basada en la mínima cantidad de clembuterol encontrado en las muestras de Alberto Contador y b) cualquier justificación basada en que con tal ínfima cantidad, el ciclista jamás podría obtener un incremento de su rendimiento. El laudo arbitral, insiste en varias ocasiones en que es indiscutido por todas las partes que el ciclista cometió una infracción antidopaje por la mera presencia de la sustancia prohibida en sus muestras, circunstancia que excusa de toda prueba tanto a la WADA y como a la UCI sobre la comisión de dicha infracción. El sistema también determina que una vez que la infracción se entiende cometida, su inmediata consecuencia es la imposición de un periodo de suspensión de dos años.

La segunda parada es que una vez que la infracción se considera cometida y por ende de la comisión se deriva la consecuencia jurídica (la suspensión durante dos años), el deportista para reducir o eliminar el periodo de suspensión ha de demostrar inexcusablemente dos cosas: 1º.- Cómo llegó la sustancia prohibida a su organismo y 2º.- Que no concurrió culpa o negligencia. En Román Paladino, para reducir o eliminar el periodo de suspensión, se ha de explicar, argumentar o justificar razonadamente cómo el clembuterol llegó a las muestras de sangre u orina del deportista y que dicha “llegada” no fue debida a un comportamiento intencionado o negligente del deportista. Debo insistir en que el sistema normativo implica que la prueba o justificación de ambas circunstancias es inexcusable si el deportista quiere gozar de una reducción o eliminación del periodo de suspensión impuesto y que la carga u obligación de probar ambas circunstancias en orden a reducir el periodo de suspensión, pende sobre el ciclista.

Si leemos con atención el laudo y desproveemos al mismo de lo accesorio, descubriremos que el Tribunal no ha ido más allá de la demostración de cómo llegó la sustancia prohibida a las muestras de Alberto Contador. Sencillamente, no cree que ninguna de las partes – y especialmente, Alberto Contador, sobre el que pesaría la carga u obligación de probar cómo llegó el clembuterol a sus muestras – haya demostrado que el resultado analítico adverso se debió a la ingestión de carne contaminada. Descarta también que el resultado analítico adverso se deba a una transfusión o a prácticas de dopaje sanguíneo y considera que de las tres posibilidades apuntadas, la más plausible, es la contaminación a través de un suplemento alimenticio. El Tribunal, no concluye, ni declara, ni tiene por probado que el positivo se deba a la ingestión de suplementos alimenticios o vitamínicos, sino que de las tres posibles explicaciones, concluye que la más probable, en detrimento de las otras dos, es la del suplemento. Nótese que tanto Alberto Contador, como la WADA y la UCI, basaron la justificación de las posibles vías de entrada del clembuterol en supuestos probabilísticos. Ninguna de las partes, contó con una prueba plena y directa sino con pruebas y evidencias indirectas. La defensa de Alberto Contador, que nunca dispuso de una muestra de la carne contaminada, esencialmente aportó informes sobre el uso del clembuterol en el engorde del ganado. La WADA y la UCI discutieron dichas tesis a base de estadísticas e informes de la Unión Europea y el Gobierno Vasco en los que se afirma que los casos de contaminación por clembuterol en Europa y en el País Vasco (la carne fue adquirida en Irún), son muy escasos. La WADA y UCI tampoco lograron una demostración plena y científicamente plausible de la teoría de la transfusión. Se basaron en pruebas indiciarias constituidas por informes de expertos que justificaron que los niveles de plástico en sangre, un residuo de las bolsas utilizadas en transfusiones, eran anormalmente elevados. Si algo ha demostrado el proceso ha sido la costosa intervención de peritos cuyas apreciaciones no han servido para convencer al Tribunal de cómo llegó el clembuterol a las muestras de Alberto Contador.

Lo más relevante es que para el Tribunal Arbitral del Deporte, Alberto Contador no logró demostrar cómo llegó el clembuterol a su organismo y por tanto, considera cometida la infracción antidopaje por la mera presencia del Clembuterol en las muestras de Alberto Contador, acordando, en estricta aplicación de la normativa internacional, la suspensión de dos años.

Abordemos para terminar, las críticas. Los razonamientos del TAS, son formalmente irreprochables. Opino que conocedor de la repercusión y difusión del caso Contador, el panel de árbitros ha hecho un verdadero esfuerzo para que el laudo fuera comprensible, e implícitamente para atribuir el pernicioso resultado al sistema y al principio de responsabilidad objetiva consagrado en el mismo. Le reprocho, sin embargo, su falta de ambición. Su aquiescencia y tolerancia con un sistema que se sitúa en las antípodas de principios generalmente aceptados tales como el de culpabilidad, proporcionalidad y presunción de inocencia. A los juristas, incluidos los árbitros del TAS nos debería provocar un esencial rechazo, un sistema en el que el deportista es considerado culpable y debe, a través de la prueba de hechos negativos, demostrar su inocencia, cuando en cualquier sistema jurídico que se precie y eso lo saben los niños, el que debe demostrar la culpabilidad es quien formula la acusación. Le reprocho al Tribunal Arbitral que teniendo plena libertad para resolver y un amplio margen de discrecionalidad, se aferre a la literalidad de las normas y que no quiera salirse del guion impuesto por la WADA y por la UCI. Me produce alergia y urticaria que el sistema normativo impuesto por la AMA y la UCI jamás haya pasado por un control jurisdiccional o arbitral, cuando cualquier sistema normativo está sometido a controles de adecuación a fin y juicios de constitucionalidad por órganos distintos e independientes que garantizan la conformidad del sistema con principios universalmente aceptados. Me repugna que la WADA y la UCI atribuyan sistemáticamente a nuestras autoridades su tolerancia con el Dopaje, olvidando que en España, afortunadamente rigen principios y garantías constitucionales que impiden la imposición de sanciones de forma frívola o apoyadas en la mera sospecha. Y habida cuenta que en estos últimos días he oído decir a Don José Ignacio Wert, Ministro de Cultura y Deporte, que hay que cohonestar la normativa española con la normativa internacional, me permito opinar que el Estado Español no debe dar ni un paso atrás y que cohonestar nuestra legislación con la normativa internacional, no significa ceder en Derechos y Garantías firmemente asentados en nuestro sistema jurídico, ni obviamente, crear zonas exentas de tales Derechos y Garantías.

A Alberto Contador le aconsejo ánimo y que sea tan corredor de fondo en lo jurídico, como lo es en el Deporte. Que persevere y que mire más allá de los Alpes Suizos y del Tribunal Federal. Y que la meta de esta larga ronda se encuentra en el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. El único lugar en el que todo el sistema antidopaje, la normativa de la WADA y de la UCI, puede ser sometido a verdadero enjuiciamiento.

Y por último, creo en la inocencia de Alberto Contador y nada tiene que ver con mi opinión o percepción sobre él. Sencillamente, como jurista, nadie me ha convencido de que sea culpable y en lo que a mi respecta, goza de la sacrosanta presunción de inocencia o en lenguaje común, del más amplio beneficio de la duda.

Alberto Ruiz de Aguiar Díaz-Obregón.
Es especialista en Derecho del Deporte y socio director de SPORTIA LAW.
contacto@sportialaw.com